Deserción escolar: la tarea urgente del Estado ecuatoriano

Un análisis desde la socialdemocracia

Por: Mercedes Bustán

Para el año lectivo 2023 - 2024, 119.340 estudiantes no volvieron a las aulas en todo el territorio nacional (Datos Abiertos MINEDUC 2024). ¿Dónde están estas niñas, niños y jóvenes? ¿Qué hace el Estado frente a la deserción escolar masiva? ¿Por qué estos estudiantes ya no regresaron a las aulas? Son preguntas que saltan frente a esta dramática situación.

La Constitución del Ecuador señala que “son deberes primordiales del Estado garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos, en particular la educación...” (Art. 3 Constitución de la República del Ecuador 2008). El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Educación y otras instancias del gobierno nacional, planifican, gestionan y ejecutan la política educativa. La responsabilidad de la situación de deserción actual descansa en los hombros de las más altas autoridades del Ejecutivo de este gobierno y de los gobiernos anteriores que con sus decisiones han labrado el camino para llegar a la emergencia que hoy vivimos.

Gráfico 1. Número de estudiantes en el Sistema Nacional de Educación

Número de estudiantes en el Sistema Nacional de Educación

La violencia desatada en las calles, la extorsión, la inseguridad y la pobreza son factores imprescindibles para entender este fenómeno que necesita atención inmediata. Esta atención involucra innegablemente el aumento del presupuesto general del Estado para construir nuevos centros educativos, para rehabilitar, reparar y mantener los establecimientos que están en funcionamiento y que se encuentran en pésimas condiciones, para innovar los espacios educativos y para incrementar el número de docentes. Sin embargo, aunque se hiciera todo esto, no sería suficiente porque la educación implica también que los estudiantes cuenten con útiles escolares, con uniformes, con transporte público, con alimentación y con un ambiente seguro donde el ejercicio de educarse sea sostenible. Acceder a una educación de calidad y gozar plenamente de este derecho humano se ha convertido en un privilegio y una utopía en Ecuador.

La socialdemocracia nos invita a reconocernos como personas que trabajan por alcanzar una sociedad solidaria y con justicia social, propone que el Estado debe institucionalizar la educación a través de políticas estatales separadas de ideologías perniciosas, intereses particulares o afinidad política de los gobiernos de turno. Debemos promover un país en el que ningún niño, niña o adolescente se vea privado de experimentar el gozo de escuela, ya sea jugando o aprendiendo, y se vean obligados a trabajar en las calles, suplicar dinero en transportes o peor aún, verse envueltos en actividades que destruyan su futuro en sociedad. Nuestro objetivo debe ser que todas las personas de entre 5 y 18 años asistan a los centros educativos de forma gratuita y obligatoria. Los representantes legales, madres o padres de los niños, niñas y jóvenes deben tener el deber legal establecido en el marco jurídico ecuatoriano de enviar a sus hijos e hijas a la escuela. Y el Estado debe asegurar y encargarse por ley de que el sistema educativo reciba a toda la población en edad escolar y que cuente con todas las facilidades y estructuras necesarias.

Esta propuesta requiere voluntad política, planificación y grandes esfuerzos de la sociedad y el Estado. Es un proyecto a largo plazo y tiene un gran potencial para precautelar el aprendizaje y proteger e impulsar a la niñez y juventud ecuatoriana. La educación debería ser entendida como una inversión para alcanzar una sociedad cohesionada donde las desigualdades se acorten y donde se generen los cimientos para la construcción de una paz verdadera.

Referencias: